La Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar durante dos años más el convenio que mantiene con el Ayuntamiento de la capital para ofrecer asesoramiento especializado a jueces y orientación a personas drogodependientes inmersas en procesos judiciales, así como a sus familias. Esta medida, autorizada por el Consejo de Gobierno, supone una inversión superior a los 600.000 euros y garantiza la continuidad del servicio durante 2027 y 2028.
El programa, que se desarrolla desde 2025 en el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla, tiene como finalidad principal ayudar a los usuarios a comprender su situación procesal relacionada con el consumo de estupefacientes y las consecuencias legales que de ello se derivan. Además, se les ofrece acompañamiento a lo largo de todo el procedimiento judicial, un apoyo que se extiende también a sus familias.
El actual convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, los buenos resultados obtenidos han llevado al Ejecutivo autonómico y al Ayuntamiento de Madrid a prolongar esta colaboración hasta finales de 2028. Esta prórroga permitirá mantener un recurso que se ha revelado como una herramienta eficaz para mejorar la coordinación entre la Justicia y las redes especializadas en adicciones.
Un servicio especializado y no vinculante
El asesoramiento que se presta a los jueces es de carácter especializado y no vinculante. Esto significa que los magistrados reciben información técnica sobre las implicaciones del consumo de drogas en los procesos judiciales, pero mantienen plena libertad para tomar sus decisiones. Este tipo de apoyo busca facilitar una comprensión más completa de las circunstancias que rodean a las personas drogodependientes que se enfrentan a la justicia.
Al mismo tiempo, el programa ofrece orientación directa a los drogodependientes y a sus familias. El objetivo es que comprendan su situación procesal y las posibles consecuencias legales, pero también facilitarles el acceso a tratamientos especializados y favorecer su reinserción social. De este modo, se aborda el problema desde una doble perspectiva: la judicial y la sanitaria.
La colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital se articula a través de este convenio, que está cofinanciado al 50% por ambas administraciones. Esta fórmula de financiación compartida garantiza la implicación de las dos instituciones y refuerza el carácter integral de la respuesta.
Una de las 75 medidas del Plan regional contra las Drogas
Este recurso especializado es una de las 75 medidas incluidas en el Plan regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, que el Ejecutivo autonómico puso en marcha en noviembre de 2024 con una inversión de 200 millones de euros. El plan abarca un amplio conjunto de actuaciones destinadas a prevenir el consumo, mejorar la atención a las personas con adicciones y facilitar su integración social.
La prórroga de este convenio se enmarca, por tanto, en una estrategia más amplia que busca dar una respuesta coordinada y multidisciplinar al fenómeno de las drogodependencias. La experiencia acumulada desde 2025 en el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla ha demostrado la utilidad de este tipo de asesoramiento, tanto para los órganos judiciales como para las personas afectadas.
Con esta decisión, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital reafirman su compromiso con un modelo de justicia más informado y con una atención integral a las personas drogodependientes. La continuidad del servicio hasta 2028 permitirá consolidar los resultados obtenidos y seguir mejorando la coordinación entre los ámbitos judicial, sanitario y social.
El programa no solo beneficia a los jueces, que disponen de información especializada para adoptar sus resoluciones, sino que también ofrece un apoyo crucial a los drogodependientes y a sus familias, que en muchas ocasiones se enfrentan a un proceso judicial sin comprender plenamente las implicaciones legales de su situación. La orientación y el acompañamiento durante todo el procedimiento contribuyen a reducir la incertidumbre y a facilitar la adopción de decisiones informadas.
Además, al facilitar el acceso a tratamientos y favorecer la reinserción, este recurso actúa como un puente entre el sistema judicial y las redes de atención a las adicciones. De esta forma, se evita que las personas con problemas de drogodependencia queden atrapadas en un circuito de exclusión y se promueve su recuperación y su vuelta a la sociedad.
La inversión de más de 600.000 euros para los próximos dos años garantiza la estabilidad del servicio y permite planificar su desarrollo con una perspectiva de medio plazo. Esta continuidad es especialmente relevante en un ámbito donde la confianza y la coordinación entre instituciones son fundamentales para obtener resultados positivos.
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