La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, con el que el Gobierno central pretende prorrogar el traslado forzoso de menores no acompañados entre comunidades autónomas. La Abogacía General lo presentó el pasado 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite.
El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el recurso, que se suma a una batería de acciones judiciales emprendidas por el Ejecutivo autonómico contra distintas decisiones del Gobierno central en materia migratoria. Con esta encomienda, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid mantiene un total de seis actuaciones judiciales para frenar estas políticas, divididas en cuatro bloques relacionados entre sí.
Un sistema de reparto obligatorio iniciado en 2025
El Real Decreto 556/2026 fija para este año el número de menores extranjeros no acompañados que puede atender cada comunidad y ciudad autónoma en su sistema de protección, manteniendo el reparto obligatorio iniciado en 2025. Este sistema se estableció mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que ya fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, entre ellas Madrid.
La Comunidad de Madrid considera que este mecanismo invade sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social. Además, cuestiona que se haya utilizado un Real Decreto-ley para regular determinadas materias, lo que a su juicio vulnera el orden constitucional de competencias.
Seis actuaciones judiciales en cuatro bloques
La estrategia judicial de la Comunidad de Madrid se articula en cuatro bloques. En primer lugar, la Abogacía General ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025 y ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, por considerar que este sistema invade sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social.
En segundo lugar, el Ejecutivo autonómico ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo contra los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, que fijan el número de menores extranjeros no acompañados que deben poder atender los sistemas de protección de las comunidades autónomas. El Ejecutivo regional cuestiona que el Ministerio de Juventud e Infancia establezca esta capacidad aplicando el mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, cuya constitucionalidad también ha impugnado. El primero de estos decretos desarrolló este sistema en 2025 y el segundo lo aplica este año.
En tercer lugar, la Comunidad de Madrid ha emprendido acciones judiciales contra procedimientos concretos de ubicación y traslado de menores a la región y ha solicitado su suspensión. El objetivo es evitar que estos traslados se lleven a cabo mientras esté pendiente de resolución la constitucionalidad del sistema que los regula.
Por último, en materia de asilo y protección internacional, la Abogacía General recurrió ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre obligó al Gobierno central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que se encontraran en la Comunidad de Madrid. El tribunal determinó que su acogida corresponde al Estado, por ser la administración competente en esta materia.
Defensa de las competencias autonómicas
La Comunidad de Madrid sostiene que el reparto forzoso de menores no acompañados vulnera el marco competencial establecido en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. El Gobierno regional argumenta que la protección de menores y la asistencia social son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y que el Ejecutivo central no puede imponer un reparto obligatorio sin el acuerdo de las regiones afectadas.
Con estas seis actuaciones judiciales, Madrid busca frenar distintas decisiones del Gobierno central en materia migratoria y defender su capacidad de decisión sobre los recursos destinados a la atención de menores en su territorio. La admisión a trámite del recurso contra el Real Decreto 556/2026 supone un nuevo capítulo en el pulso entre ambas administraciones por la gestión de la acogida de menores migrantes.
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