La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Defensa del Contribuyente, una normativa que refuerza la seguridad jurídica de los ciudadanos en su relación con la Hacienda autonómica y que establece la buena fe como principio rector. El texto, que ha superado su tramitación parlamentaria, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Uno de los aspectos más destacados de la norma es el plazo máximo de tres meses que tendrá la Administración para contestar las peticiones de los ciudadanos. Se trata de un compromiso concreto que afecta a la relación diaria de los madrileños con los servicios tributarios autonómicos y que busca poner fin a los retrasos que hasta ahora podían prolongarse sin una referencia temporal clara.
La ley se aplica a los impuestos cedidos, entre los que se incluyen Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Tributos sobre el Juego. Son precisamente estas figuras tributarias las que más consultas y trámites generan entre los contribuyentes madrileños, por lo que la norma tendrá un impacto directo en la gestión cotidiana de miles de expedientes.
Una oficina con más medios y plazos exigibles
El texto crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituye al actual Defensor del Contribuyente con más medios técnicos y plazos exigibles. Esta nueva oficina tramitará las quejas por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o mal trato, y dará al órgano afectado un plazo de 15 días hábiles para responder.
La creación de este organismo responde a la necesidad de dotar al ciudadano de un canal específico para reclamar cuando la Administración no cumple con los plazos o con la calidad de atención exigible. La norma incorpora el principio de buena administración como eje transversal de toda la actuación pública, exigiendo que los derechos de los contribuyentes sean reales y efectivos en la práctica, mediante una atención que combine la confidencialidad, la gratuidad y una personalización adaptada a las necesidades de cada usuario.
Además, la ley incorpora mecanismos de cortesía institucional. La Administración pedirá perdón cuando una sentencia firme declare que se vulneró un derecho del contribuyente y dará las gracias cuando una inspección termine sin regularización y sin sanción. Se trata de un cambio de enfoque en la relación entre la Hacienda autonómica y los ciudadanos, que pasa de un modelo basado en la desconfianza a otro que reconoce el cumplimiento voluntario y la buena fe.
Autoliquidación gratuita y expediente virtual
Para reforzar la seguridad jurídica, la Administración contestará por escrito y con carácter vinculante las consultas de los contribuyentes. Esta medida supone una garantía adicional para quienes necesitan conocer de antemano cómo se aplicará la normativa a su caso concreto, ya que la respuesta tendrá efectos jurídicos y no podrá ser modificada posteriormente por la propia Administración.
La norma también establece que la Administración hará la autoliquidación gratis a todo aquel que lo solicite y le acompañará en la presentación y en el pago. De este modo, los ciudadanos que tengan dudas sobre cómo cumplimentar sus declaraciones podrán contar con asistencia directa de los servicios tributarios autonómicos sin coste alguno.
Asimismo, el contribuyente podrá consultar su expediente sin pedir cita a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta tributaria individualizada en la que verá en tiempo real cómo van sus gestiones. Esta medida supone un avance en la digitalización de la Administración y facilita el seguimiento de los trámites sin necesidad de desplazamientos ni de esperas telefónicas.
Lenguaje claro y atención presencial garantizada
La Ley de Defensa del Contribuyente obliga también a usar un lenguaje claro y a revisar periódicamente los formularios, para que cualquier ciudadano entienda lo que recibe sin tener que recurrir a un intermediario. Esta exigencia afecta tanto a las notificaciones como a los documentos que la Administración pone a disposición de los contribuyentes, que deberán ser comprensibles para personas sin formación jurídica o fiscal.
La norma garantiza además una atención presencial y gratuita, con mención expresa a los mayores, las personas con discapacidad y quienes están en riesgo de exclusión, para que la digitalización no deje a nadie atrás. De este modo, se reconoce que no todos los ciudadanos tienen las mismas capacidades o medios para relacionarse con la Administración a través de canales electrónicos, y se establece la obligación de mantener una atención personalizada para quienes más lo necesitan.
La aprobación de esta ley se produce en un contexto en el que las administraciones tributarias autonómicas han ido asumiendo un papel creciente en la gestión de impuestos cedidos, lo que hace más necesario que nunca el establecimiento de garantías claras para los contribuyentes. La norma aprobada por la Asamblea de Madrid busca precisamente equilibrar esa mayor responsabilidad con un refuerzo de los derechos de los ciudadanos.
Imágenes: Comunidad de Madrid
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