Un vecino de Madrid ha conseguido poner fin a una situación de endeudamiento que se había prolongado durante años después de que la Audiencia Provincial haya desestimado el recurso presentado contra la resolución que reconocía su derecho a la exoneración de sus deudas. La decisión judicial pone punto final a un procedimiento en el que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se habían opuesto a la cancelación de las cantidades que reclamaban al afectado.
El caso, tramitado como concurso ordinario 453/2022 en la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 9, se remonta a marzo de 2023, cuando se declaró el concurso voluntario sin masa del deudor conforme al artículo 37 bis del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC). Durante el procedimiento, el Ayuntamiento de Madrid se personó en nombre de la Agencia Tributaria de Madrid y formuló alegaciones contra la exoneración, lo que obligó al afectado a defender su caso ante los tribunales.
Un procedimiento que llegó hasta la Audiencia Provincial
Según la documentación judicial, el deudor presentó solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho al amparo del artículo 501 del TRLC. La oposición del Ayuntamiento de Madrid dio lugar a un incidente concursal que finalizó con una sentencia de fecha 29 de noviembre de 2023, en la que se acordaba la exoneración del pasivo insatisfecho del concursado. Esa resolución fue recurrida en apelación por el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Tributaria de Madrid, lo que llevó el asunto ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial dictó sentencia el 20 de febrero de 2025 desestimando el recurso de apelación interpuesto por ambas administraciones, confirmando así la exoneración de las deudas legalmente exonerables. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2026, el Juzgado de lo Mercantil dictó un auto declarando la conclusión del concurso de persona física, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 37 ter del TRLC y tras comprobarse la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa.
El auto judicial explica que, conforme al artículo 502 del TRLC, la exoneración del pasivo insatisfecho se concede en la misma resolución en la que se declara la conclusión del concurso, y que no puede dictarse auto de conclusión hasta que gane firmeza la resolución del incidente concediendo o denegando la exoneración. En este caso, al haber sido confirmada la exoneración por la Audiencia Provincial, el procedimiento ha quedado cerrado.
El papel de los abogados ante la oposición de los acreedores
El afectado había acudido a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento después de verse atrapado en una situación económica que ya no podía resolver por sus propios medios. Tras analizar su caso, los abogados de la entidad iniciaron el procedimiento de Segunda Oportunidad con el objetivo de conseguir la exoneración de las deudas que cumplieran los requisitos establecidos por la legislación.
José Domínguez Sánchez, abogado de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, ha explicado que este caso demuestra la importancia de analizar cada situación de forma individual y defender los derechos del deudor durante todo el procedimiento. “En un procedimiento de Segunda Oportunidad pueden surgir oposiciones por parte de los acreedores y no siempre el camino termina con la primera resolución. En este caso fue necesario defender la posición de nuestro cliente y continuar hasta la Audiencia Provincial”, señala el letrado.
El abogado también ha advertido de que uno de los principales problemas que encuentran las personas endeudadas es pensar que no existe ninguna salida cuando alguno de sus acreedores se opone a la exoneración. “Cada expediente tiene unas circunstancias diferentes. Lo importante es estudiar la situación concreta, comprobar qué permite la legislación y defender los intereses del deudor cuando existe una oposición”, añade Domínguez Sánchez.
Una nueva oportunidad después de años de endeudamiento
La resolución de la Audiencia Provincial permite ahora al afectado dejar atrás las deudas que legalmente pueden ser exoneradas. El caso refleja el recorrido que puede llegar a tener un procedimiento de Segunda Oportunidad cuando existen acreedores que no están de acuerdo con la exoneración: desde el análisis inicial de la situación económica, pasando por la solicitud de exoneración y la oposición de los acreedores, hasta la defensa del caso ante los tribunales.
Para el afectado, la resolución supone poder cerrar una etapa marcada por el endeudamiento y afrontar su situación económica sin el peso de las obligaciones que han quedado exoneradas. Un resultado que, más allá de las cifras del procedimiento, supone para esta persona la posibilidad de volver a organizar su vida económica y empezar de nuevo.
El caso pone de relieve el funcionamiento del mecanismo de Segunda Oportunidad, regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal, que permite a las personas físicas, ya sean particulares o autónomos, solicitar la exoneración de sus deudas cuando no pueden hacer frente a ellas. El procedimiento exige acreditar la insolvencia y cumplir una serie de requisitos legales, y puede verse obstaculizado por la oposición de acreedores públicos o privados, como ha ocurrido en esta ocasión.
La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha señalado que este caso es un ejemplo de que tener acreedores que se oponen a la exoneración no significa necesariamente que no exista una salida. La entidad insiste en que cada situación debe estudiarse de forma individual y que, cuando la ley permite acceder a la exoneración, es importante contar con profesionales que conozcan el procedimiento y sepan defender el caso.
Con la firmeza de la resolución de la Audiencia Provincial y la posterior conclusión del concurso, el vecino de Madrid puede ahora beneficiarse de la exoneración de las deudas que legalmente resultaban exonerables y cerrar una etapa que durante años había condicionado su situación económica.
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