La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que el Consejo de Gobierno aprobará mañana el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, una norma que busca reducir los trámites para ciudadanos y empresas y revisar las normas obsoletas que frenan la inversión. Así lo ha adelantado durante su intervención en la clausura del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
Según ha explicado Díaz Ayuso, la futura ley establece que cada nueva carga administrativa que se imponga a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente. Además, las normas de organización tendrán fecha de caducidad, «para que no sobreviva por inercia lo que ya no sirve». Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el texto se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.
El proyecto también introduce un mecanismo de evaluación normativa: las normas serán evaluadas antes de su aprobación y después de empezar a aplicarse, con el fin de comprobar si cumplen su objetivo y decidir si deben mantenerse, modificarse o eliminarse. Asimismo, las nuevas obligaciones para las empresas solo podrán entrar en vigor en dos fechas fijas al año: el 2 de enero y el 1 de julio, «para que nadie tenga que adaptarse a contrarreloj». Este calendario, inspirado en el modelo británico, permitirá a los negocios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, preparar con antelación los cambios necesarios.
Participación privada y refuerzo de la Aceleradora de Inversiones
La ley regula la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos para reducir los tiempos de respuesta. Estas entidades deberán contar con una acreditación y estarán sujetas a controles y responsabilidades que garanticen los derechos de ciudadanos y empresas.
Igualmente, el texto contempla reforzar la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés. Además, se crearán espacios de prueba donde se podrán ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que la legislación vigente aún no contempla. La norma también incluye el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública y la digitalización de trámites.
Más de 700 normas simplificadas
El proyecto de ley incorpora cambios en la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un servicio de la Comunidad de Madrid al que ciudadanos y empresas pueden comunicar trámites o requisitos que dificulten sin justificación la actividad económica o la competencia, para que la Administración los revise. Según ha señalado la presidenta, a través de esta línea se han reducido ya 738 normas, entre ellas la Ley del Suelo, que se ha modificado para agilizar la concesión de licencias, o la extensión de las declaraciones responsables para acceder a la red de servicios sociales.
La propuesta sigue las recomendaciones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que relacionan una normativa más clara y sencilla con el crecimiento económico y la productividad. El texto no supone un gasto adicional ni añade obligaciones administrativas, sino que prevé reducir las existentes.
Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca mejorar el entorno regulatorio para empresas y ciudadanos, eliminando trabas burocráticas y fomentando la inversión. La ley se enmarca en la estrategia del Gobierno autonómico por simplificar la Administración y adaptarla a las necesidades actuales.
Imágenes: Comunidad de Madrid
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