La Comunidad de Madrid ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que establece el reparto de 180 millones de euros entre las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. La región no recibirá dotación económica alguna al no haber aplicado esta figura, una decisión que el Gobierno autonómico considera discriminatoria y contraria a los intereses de los madrileños.
El Ejecutivo regional sostiene que el real decreto condiciona el acceso a los fondos públicos a la adopción de una medida que, según su criterio, corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias. Este criterio, denuncia, penaliza a las comunidades que aplican políticas de vivienda diferentes a las del Gobierno central.
García Martín defiende un reparto equitativo
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Gobierno regional defenderá ante los tribunales que los madrileños reciban un trato equitativo y que los recursos públicos se distribuyan sin discriminación por las políticas de vivienda que legítimamente elija cada comunidad autónoma.
La decisión de recurrir ante el Supremo se produce un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto, que reserva 180 millones de euros para las comunidades que hayan declarado zonas tensionadas. La Comunidad de Madrid no ha aplicado esta declaración, por lo que queda excluida de la dotación económica.
Impacto en la política de vivienda madrileña
La postura del Gobierno madrileño incide en el debate sobre el modelo de política de vivienda y la autonomía de las comunidades para decidir sus propios instrumentos. La región considera que el reparto de fondos condicionado a la declaración de zonas tensionadas supone una intromisión en sus competencias y una discriminación hacia los ciudadanos madrileños, que no recibirán los recursos previstos en el real decreto.
El recurso ante el Tribunal Supremo busca que se revise el criterio de reparto y que los fondos se distribuyan sin atender a la aplicación de una medida concreta. La Comunidad de Madrid defiende que los recursos públicos lleguen a todos los territorios con independencia de las políticas de vivienda que cada uno decida implementar.
Con esta impugnación, el Ejecutivo autonómico traslada al ámbito judicial un conflicto que afecta a la financiación de las políticas de vivienda y a la relación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia. La decisión del Supremo determinará si el reparto de los 180 millones se ajusta a derecho o si, por el contrario, debe modificarse para incluir a las regiones que no han declarado zonas tensionadas.
Imágenes: Comunidad de Madrid
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