Izquierda Unida Madrid ha reclamado a la Comunidad de Madrid una auditoría extraordinaria e integral del sistema de residencias de mayores después de las informaciones conocidas en las últimas semanas sobre dos centros de Torrejón de Ardoz y Las Rozas. La organización considera que estos casos no pueden tratarse como episodios aislados y exige conocer qué ocurre en el conjunto de la red residencial madrileña, quién la controla y con qué medios.
En Torrejón de Ardoz, una extrabajadora de una residencia concertada ha denunciado presuntas agresiones, vejaciones y negligencias médicas hacia residentes, mientras que familiares han relatado posibles situaciones de desatención. Se trata de hechos que, según subraya IU, deben ser investigados y sobre los que todavía no existe una resolución judicial.
En Las Rozas, la residencia pública Reina Sofía acumula informaciones y denuncias de trabajadores sobre presencia de ratas y cucarachas, problemas de salubridad y deficiencias en las instalaciones, una situación que, según las informaciones publicadas, se habría prolongado durante más de un año. La propia Comunidad de Madrid ha reconocido la realización de actuaciones contra los roedores, aunque ha definido el problema como una “entrada puntual”.
Dos modelos de gestión, una misma exigencia de control
IU Madrid pone el acento en que los dos casos responden a modelos de gestión diferentes: una residencia concertada en Torrejón y una residencia pública de la Comunidad de Madrid en Las Rozas. Para la formación, esa diferencia no puede servir para diluir responsabilidades. “Cuando una plaza está concertada, el dinero sigue siendo público y la Administración tiene que garantizar que el servicio que está financiando cumple unas condiciones dignas. Y cuando una residencia es pública, la responsabilidad de la Comunidad es todavía más evidente”, afirman desde la organización.
La coordinadora regional de IU, Carolina Cordero, ha insistido en que el problema trasciende los dos casos conocidos. “Lo que necesitamos saber es qué está pasando en el conjunto de las residencias madrileñas, quién las está controlando, con qué medios y qué consecuencias tiene incumplir las condiciones de atención. No basta con intervenir cuando el problema ya ha llegado a los medios de comunicación”, ha señalado Cordero.
En la misma línea, la dirigente ha exigido explicaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Exigimos explicaciones al gobierno de Ayuso. Creemos que evidencia que el modelo de cuidados del PP es negligente, que pone el negocio por encima de los cuidados. Exigimos una auditoría integral del modelo de residencias que se sostiene con dinero público”, ha afirmado.
Qué debe aclarar la auditoría propuesta
La propuesta de Izquierda Unida pasa por poner en marcha una Auditoría Pública de Calidad y Gestión de las Residencias que permita conocer con datos y de manera transparente las condiciones actuales de los centros públicos, concertados y privados con plazas financiadas por la Comunidad de Madrid.
Entre los aspectos que la formación quiere que se analicen figuran las ratios y plantillas reales de cada centro y si se corresponden con el grado de dependencia de las personas residentes; cuántas inspecciones se han realizado en cada residencia durante los últimos años, qué deficiencias se detectaron y si fueron corregidas; y qué empresas gestionan las plazas concertadas, cuánto dinero público reciben y qué obligaciones de calidad y personal recogen sus contratos.
IU también reclama saber qué sanciones o medidas se han adoptado ante incumplimientos y si las empresas afectadas han seguido recibiendo financiación pública, así como qué mecanismos tienen residentes, familiares y trabajadores para denunciar irregularidades y qué seguimiento realiza posteriormente la Administración. Para la organización, esta auditoría debe concluir con un plan de actuación público, con plazos concretos y responsabilidades identificadas para corregir las deficiencias detectadas.
Inspeccionar no basta: exigencia de consecuencias reales
Uno de los argumentos centrales de IU es que la existencia de controles no garantiza por sí misma que las deficiencias se solucionen. “No queremos una inspección que termine en un informe guardado en un cajón. Queremos saber qué se detecta, quién tiene que solucionarlo, en cuánto tiempo y qué ocurre si no lo hace”, sostiene Carolina Cordero.
Por ello, la formación reclama que los resultados de las inspecciones sean accesibles y que los incumplimientos graves tengan consecuencias económicas y contractuales reales, especialmente cuando se trate de empresas que gestionan plazas financiadas con recursos públicos. Asimismo, propone reforzar los canales de denuncia para trabajadores y familiares, garantizando que una persona que comunique un posible caso de maltrato, negligencia o falta de atención pueda hacerlo sin miedo a represalias.
La organización defiende que el debate no puede limitarse a resolver los problemas concretos de Torrejón de Ardoz o Las Rozas. “Una residencia no puede funcionar con la misma lógica que cualquier negocio. Aquí no se venden habitaciones: se garantizan cuidados. Y cuando hablamos de personas dependientes, reducir costes nunca puede estar por encima de garantizar su dignidad”, señala la coordinadora regional de IU.
Reforzar la red pública y revisar la concertación
Izquierda Unida apuesta por reforzar la red pública de residencias, aumentar las plantillas y garantizar unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras del sector, así como revisar el modelo de concertación para asegurar que cada euro público destinado a cuidados se traduzca efectivamente en mejores servicios.
“Queremos saber cuánto dinero público se pone encima de la mesa y qué cuidados recibe a cambio una persona mayor. Esa es la pregunta que la Comunidad de Madrid tiene que responder”, concluye Carolina Cordero.
Para IU Madrid, las denuncias de Torrejón y la situación de Las Rozas deben servir para abrir una revisión profunda del modelo residencial madrileño: más control público, más transparencia, más profesionales y, sobre todo, poner a las personas por delante del beneficio económico.
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