La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha acordado fijar en un mínimo del 4,25 % los contratos públicos que los órganos de contratación municipales reservarán en 2027 para los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. Este porcentaje supone, en términos de importes estimados, una reserva mínima de siete millones de euros.

La medida favorece la contratación pública inclusiva, el fomento del empleo y la participación social de personas con discapacidad y colectivos con dificultades de empleabilidad. El porcentaje de reserva se eleva un 0,25 % y la cantidad mínima reservada se incrementa en 400.000 euros respecto a 2026.

Se trata de unas referencias mínimas, lo que significa que los contratos finalmente reservados para su adjudicación por los diferentes centros gestores y órganos de contratación municipales —Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas del sector público— pueden superar este porcentaje. Así ocurre desde 2019, año en el que se fijó el porcentaje mínimo de reserva en el 2 % y el importe en 2,4 millones de euros.

Directrices y plan de contratos antes de fin de año

Tras la aprobación de este acuerdo y antes de final de año, mediante decreto de la titular del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, se fijarán las directrices y se aprobará el plan con la relación de contratos para los que se prevé la reserva.

Este paso resulta determinante para que los distintos centros gestores y órganos de contratación municipales puedan aplicar la reserva sobre contratos concretos. El plan anual concreta qué licitaciones quedan afectadas por la reserva y permite a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción concurrir a ellas en las condiciones previstas.

Cerca de 65 millones de euros y 368 contratos desde 2019

En cumplimiento de los acuerdos anuales de reserva de contratos, desde 2019 los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción han ejecutado 368 contratos municipales contemplados en sus respectivos planes anuales, por un importe superior a 64,7 millones de euros.

El rango de actividades desarrolladas fruto de estos contratos abarca servicios de limpieza, jardinería, recogida y reciclaje, lavandería, hostelería y catering, servicios de imprenta, almacenamiento y reparto o trabajos administrativos y auxiliares, entre otros.

En 2026, el plan de reserva aprobado por el área económica municipal posterior a la fijación del porcentaje mínimo contempló contratos por un importe agregado superior a 9,6 millones de euros. Esta dotación proporciona una holgura suficiente para garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva del 4 % establecido para este año, tal y como reflejan los informes de seguimiento del propio plan.

Qué son los centros especiales de empleo y las empresas de inserción

Los centros especiales de empleo de iniciativa social están regulados en el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Son empresas con un mínimo del 70 % de la plantilla formada por personas con discapacidad y, además, son promovidas y participadas en más de un 50 % por una o varias entidades sin ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en los estatutos.

Estos centros están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y en la mejora de su actividad de economía social, además de poder reinvertir en sus propias instalaciones o en otras análogas.

Las empresas de inserción, por su parte, se definen en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, como aquellas sociedades mercantiles o cooperativas que se dedican a la producción de bienes y servicios cuyo objeto social tiene como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.

Han de estar promovidas o participadas por entidades sin ánimo de lucro y mantener anualmente un porcentaje mínimo estipulado de trabajadores en proceso de inserción, además de aplicar al menos el 80 % de sus resultados en mejorar o ampliar sus estructuras productivas y de inserción.

Imágenes: Ayuntamiento de Madrid

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