La emancipación de los jóvenes españoles se sitúa en los 30,2 años, cuatro décimas por encima de la cifra registrada en 2020, cuando abandonaban el hogar familiar a los 29,8 años. Así lo refleja el análisis de la última actualización de Eurostat realizado por el portal inmobiliario pisos.com, que confirma una tendencia divergente respecto al conjunto de la Unión Europea. Mientras España eleva la edad de salida, la media comunitaria desciende de 26,4 a 26,3 años en el mismo periodo, ampliando la brecha entre ambas realidades.

El informe sitúa a España en el cuarto puesto de la Unión Europea en cuanto a emancipación más tardía, solo por detrás de Croacia (31,5 años), Grecia y Eslovaquia (ambas con 30,9 años). Italia, con la misma cifra que España, completa el grupo de países donde los jóvenes más demoran su independencia. En el extremo opuesto, Finlandia registra la edad más temprana, con 21,3 años, seguida de Dinamarca (21,8) y Estonia y Lituania (22,7).

Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com, señala que «la edad de emancipación ha dejado de retratar una decisión personal para retratar una barrera de entrada. Cuando un joven sale de casa a los 30, es evidente que el calendario no lo ha marcado él, sino el mercado». Esta reflexión apunta a factores estructurales que condicionan la independencia de los jóvenes, más allá de elecciones individuales.

Una década sin margen de ahorro

El indicador de Eurostat no solo mide un momento vital, sino que refleja una secuencia económica compleja. Entre el primer contrato y la primera vivienda median años de salarios de entrada, contratos discontinuos y una capacidad de ahorro que no siempre cubre el coste del alquiler intermedio. Como consecuencia, la emancipación en España ha dejado de ser una etapa natural para convertirse en una carrera de fondo con una meta que se desplaza constantemente.

Font incide en que «buena parte del debate público sigue planteando la emancipación como una cuestión de voluntad generacional, y no lo es. Ningún joven decide quedarse en casa de sus padres hasta los 30 por comodidad, lo que sucede realmente es que se topa con unos requisitos de solvencia, avales y estabilidad contractual que dejan fuera incluso a quien tiene con qué pagar». Estas declaraciones subrayan la presión que ejercen las condiciones del mercado laboral y financiero sobre los jóvenes.

El mapa europeo de la emancipación tardía

El top 10 de países con emancipación más tardía dibuja un eje mediterráneo y balcánico definido. Croacia lidera la clasificación con 31,5 años, seguida de Grecia y Eslovaquia, ambas con 30,9. España ocupa la cuarta posición con 30,2 años, la misma cifra que Italia. Cierran el grupo Portugal y Eslovenia (28,8 ambas), Bulgaria (27,9), Malta (27,5), Rumanía (27,4) y Hungría (27,3). Son diez Estados miembros donde la emancipación se produce, como mínimo, un año más tarde que la media comunitaria.

El director de Estudios de pisos.com explica que «los países que ocupan estas posiciones comparten un rasgo que no aparece en la estadística y del que se debe hablar seriamente: un parque de alquiler pequeño y una cultura de propiedad muy arraigada. Cuando comprar es la única salida realista, la emancipación se aplaza hasta que el banco dice que sí, aunque también hay que observar qué intereses aplican». Esta realidad estructural dificulta el acceso a la vivienda y perpetúa el retraso.

El norte de Europa y el deterioro sueco

En el extremo opuesto, Finlandia registra la edad más temprana de toda la Unión Europea, con 21,3 años, por delante de Dinamarca (21,8) y de Estonia y Lituania (22,7). Les siguen Suecia (23,1), Países Bajos (23,4) y Francia (23,8), tres mercados con volúmenes de vivienda en alquiler muy superiores al español. Completan la lista de las diez emancipaciones más anticipadas Alemania (24,1), Austria (25,2) y Letonia (25,7).

El caso sueco merece una mención aparte. El país ha pasado de 17,5 años en 2020 a 23,1 en 2025, un salto de 5,6 años que es, con diferencia, el mayor movimiento registrado en la Unión Europea durante este último lustro. Suecia sigue estando en la parte baja de la tabla, pero el deterioro en el acceso a la vivienda de sus grandes ciudades ha erosionado en cinco años un modelo de emancipación temprana que parecía inamovible.

Ferran Font concluye que «la lección de los países que están abajo en la tabla es sencilla y es de oferta. Han construido durante años un parque de alquiler estable y asequible, y eso permite que un joven se independice antes de tener ahorrada una entrada. Mientras aquí no crezca la oferta, el indicador seguirá subiendo décima a décima». La diferencia entre Finlandia y España alcanza los 8,9 años, prácticamente una década dentro del mismo mercado único.

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La Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada (EMVICOSA) ha entregado las llaves de tres nuevas viviendas en alquiler a jóvenes beneficiarios de la Bolsa de Vivienda Joven 2024. La concejala delegada de Vivienda y presidenta de EMVICOSA, Macarena Orosa, fue la encargada de formalizar la entrega en un acto en el que los adjudicatarios recibieron las llaves de las que serán sus hogares durante los próximos siete años.

Los tres jóvenes resultaron seleccionados en el sorteo correspondiente a la Bolsa de Vivienda Joven 2024 con los números 38, 40 y 41. Según ha informado el Ayuntamiento de Coslada, los beneficiarios abonarán un alquiler mensual de 285,60 euros, una cantidad que incluye la renta, los gastos de comunidad y la tasa de basura. Esta fórmula de alquiler asequible busca facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes del municipio, un colectivo que enfrenta dificultades crecientes para emanciparse en la región.

Reformas integrales en las viviendas entregadas

Las viviendas entregadas han sido sometidas a diferentes actuaciones de mejora antes de su adjudicación. En el inmueble situado en la avenida de la Constitución 21 Bis, la reforma ha sido integral: se ha sustituido el mobiliario y los electrodomésticos de la cocina, así como los antiguos suelos de baldosa por un pavimento laminado resistente al agua e ignífugo. Además, se han reemplazado los antiguos acumuladores por radiadores térmicos, entre otras mejoras.

Por su parte, las viviendas de la avenida de la Constitución 87 han sido objeto de una reparación completa de desperfectos, incidiendo en puntos clave como la pintura, la sustitución de elementos deteriorados y el cambio de electrodomésticos. Estas actuaciones buscan garantizar que los nuevos inquilinos reciban sus hogares en condiciones óptimas de habitabilidad.

Durante el acto de entrega, Macarena Orosa trasladó a los nuevos beneficiarios y beneficiarias su “más sincera enhorabuena”, al tiempo que destacó “las actuaciones de mejora realizadas en las viviendas antes de su adjudicación”. La presidenta de EMVICOSA estuvo acompañada por responsables de la empresa municipal, que han coordinado todo el proceso de adjudicación y reforma.

Seis adjudicaciones más antes de que acabe el año

EMVICOSA tiene previsto adjudicar seis viviendas más entre este mes y diciembre, con las que se alcanzará el adjudicatario número 47 de los 50 jóvenes que integran la Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler 2024. De esta forma, la empresa municipal continúa avanzando en la adjudicación de las viviendas destinadas a jóvenes de Coslada y ya trabaja en el procedimiento para la constitución de una nueva Bolsa de Vivienda en Alquiler 2027, con el objetivo de dar continuidad a esta iniciativa de acceso a la vivienda en alquiler.

La Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler es un programa municipal que permite a los jóvenes de Coslada acceder a una vivienda en condiciones económicas favorables durante un periodo determinado. Los adjudicatarios se comprometen a residir en las viviendas durante siete años, con un alquiler que incluye todos los gastos asociados, lo que supone un importante alivio para los bolsillos de los jóvenes que buscan independizarse.

Con esta nueva entrega, EMVICOSA refuerza su compromiso con el acceso a la vivienda en alquiler para los jóvenes del municipio, una de las principales demandas sociales en la Comunidad de Madrid. La empresa municipal ya prepara la próxima convocatoria, que permitirá seguir ampliando el número de beneficiarios en los próximos años.

Imágenes: Ayuntamiento de Coslada

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El Pleno del Congreso ha rechazado este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno, que han decaído con los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN. El primero incluía medidas como la prohibición de los desahucios de personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, mientras que el segundo planteaba la renovación automática de determinados contratos. El primer texto ha quedado derogado después de permanecer vigente durante poco más de 24 horas, desde las cero horas del jueves.

La decisión genera cierto alivio entre los profesionales del sector inmobiliario, que consideran que evita introducir nuevas rigideces y despeja parte de la incertidumbre provocada por los cambios regulatorios. Sin embargo, los expertos coinciden en que la derogación no resuelve el problema estructural de la vivienda en España y reclaman reglas estables, seguridad jurídica y medidas dirigidas a incrementar la oferta disponible.

La derogación evita trasladar a los propietarios responsabilidades de la Administración

Para Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, el rechazo de los decretos evita añadir nuevas limitaciones e incertidumbre a un mercado que necesita recuperar la confianza de los propietarios y atraer inversión para aumentar su parque residencial. «El problema de acceso a la vivienda no se resuelve dificultando determinadas operaciones, sino generando más oferta residencial», sostiene.

En este sentido, el experto reclama que el debate se centre en impulsar la construcción y ampliar el parque disponible. «La prioridad debe ser construir más, agilizar el desarrollo de suelo, aumentar la vivienda pública y favorecer la colaboración público-privada. Sin una oferta suficiente, cualquier medida regulatoria tendrá efectos limitados y puede incluso agravar el problema», indica.

Asimismo, el experto afirma que la derogación de ambos decretos evita que la protección social frente a los desahucios recaiga de forma permanente sobre los propietarios particulares. El experto defiende que atender a las personas vulnerables es una obligación social, pero considera que la solución debe proceder de los recursos públicos y no depender exclusivamente de quienes ponen una vivienda en alquiler. «Proteger a las personas vulnerables es imprescindible, pero no se puede convertir al pequeño propietario en la alternativa habitacional que la Administración no ha sido capaz de ofrecer. Muchos propietarios son familias o ahorradores que también pueden necesitar recuperar su vivienda o contar con esos ingresos», explica.

Fincas Eva confía en que parte de la oferta retirada vuelva al mercado

Eva López, CEO de Fincas Eva, considera que la derogación de ambos decretos elimina, al menos temporalmente, una de las principales fuentes de preocupación del mercado del alquiler. «Ayer muchos propietarios retiraron sus viviendas de los portales inmobiliarios ante el temor a una normativa que modificaba las reglas de juego de forma repentina y, ahora, confiamos en que una parte importante de esa oferta vuelva al mercado», señala.

Para López, esta situación puede tener efectos positivos a corto plazo para las familias que buscan vivienda en alquiler, aunque advierte que «No hay nada que celebrar» dado que «Es la cuarta vez en pocos meses que medidas que afectan directamente al alquiler entran en vigor o se plantean para después decaer. Esta forma de legislar perjudica a todos los actores del mercado», afirma.

En este sentido, López reclama un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas para abordar el problema de la vivienda. «Necesitamos un pacto de Estado que aporte estabilidad, protección real para las familias vulnerables, incentivos para quienes ponen sus viviendas en alquiler y una apuesta decidida por incrementar el parque de vivienda pública. Sin confianza no hay oferta y, sin oferta, no puede existir vivienda asequible», concluye.

Finteca advierte de que la derogación no soluciona el desequilibrio del mercado

Para Yoghi Tadhani, country manager en España de Finteca, la derogación de ambos decretos «evita añadir más presión regulatoria a un mercado que ya atraviesa una situación de elevada tensión». El experto considera que la decisión del Congreso frena la introducción de nuevas rigideces en el alquiler, aunque advierte de que los problemas estructurales de acceso a la vivienda permanecen intactos.

En este sentido, Tadhani reclama que el debate sobre la vivienda se centre en incrementar la oferta disponible. «Podemos modificar las reglas del mercado tantas veces como queramos, pero si no aumentamos el número de viviendas seguiremos administrando la escasez en lugar de resolver el problema», concluye.

La derogación de los decretos de vivienda ha generado un intenso debate en el sector inmobiliario, que coincide en la necesidad de un marco regulatorio estable y en la urgencia de incrementar la oferta residencial para atajar el problema del acceso a la vivienda. Los expertos subrayan que sin confianza y sin un aumento significativo del parque disponible, las medidas regulatorias tendrán un impacto limitado y no resolverán el desequilibrio estructural del mercado.

Lee la noticia completa: El Congreso deroga los dos decretos de vivienda y el sector reclama más oferta

El rechazo del Congreso de los Diputados a los dos reales decretos-ley en materia de vivienda ha evitado la entrada en vigor definitiva de unas medidas que, según la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), habrían introducido cambios profundos en el mercado del alquiler. La organización advierte de que las nuevas prórrogas contractuales, las indemnizaciones previstas en determinados supuestos de no renovación y las mayores limitaciones para recuperar una vivienda habrían incrementado la inseguridad jurídica y económica de los propietarios.

Según el análisis de SEAG, uno de los principales efectos habría sido una contracción de la oferta de alquiler habitual. Ante contratos más rígidos y una menor capacidad de disposición sobre el inmueble, una parte de los propietarios podría haber optado por vender, mantener la vivienda vacía o destinarla a otros usos. Otros habrían endurecido los requisitos exigidos a los candidatos, perjudicando especialmente a jóvenes, trabajadores temporales y hogares con ingresos irregulares.

Las consecuencias habrían sido especialmente relevantes en el ámbito del impago del alquiler. Cuanto mayor es la incertidumbre sobre el tiempo necesario para recuperar una vivienda y reclamar las cantidades adeudadas, mayor es el riesgo económico asociado a cada contrato. Ese riesgo no desaparece mediante una nueva regulación: se traslada al precio, a las garantías exigidas o, directamente, a la decisión de no alquilar.

El propietario como último eslabón de la política social

La organización considera que los decretos corrían el riesgo de convertir al propietario particular en el último eslabón de la política social de vivienda. Cuando un inquilino deja de pagar porque atraviesa una situación de vulnerabilidad, necesita una respuesta rápida y eficaz de los servicios públicos. No debería ser el arrendador quien asumiera durante meses el coste de esa protección, dejando de cobrar la renta y sin disponer de mecanismos ágiles para recuperar su inmueble.

SEAG defiende que la protección del inquilino vulnerable debe ser plenamente compatible con la seguridad jurídica y económica del propietario. Para conseguirlo, resultan necesarios procedimientos más rápidos frente al impago, una coordinación efectiva con los servicios sociales, soluciones habitacionales financiadas por las administraciones y mecanismos que permitan recuperar la vivienda y las cantidades pendientes dentro de plazos razonables.

Un mercado del alquiler estable necesita reglas claras, equilibradas y previsibles para ambas partes. Si la incertidumbre recae principalmente sobre el propietario, disminuye la confianza, se reduce la oferta y aumentan las barreras de acceso. El reto no consiste únicamente en prolongar los contratos, sino en lograr que haya más viviendas disponibles y que propietarios e inquilinos puedan firmarlos con seguridad.

Repercusión en la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, donde el mercado del alquiler presenta una elevada tensión entre oferta y demanda, las advertencias de SEAG resultan especialmente significativas. La región concentra un volumen importante de contratos de arrendamiento y cualquier modificación normativa que afecte a la seguridad jurídica de los propietarios tiene un impacto directo sobre la disponibilidad de vivienda. La reducción de la oferta, en un contexto de alta demanda, suele traducirse en un encarecimiento de los precios y en una mayor dificultad de acceso para los inquilinos.

La organización subraya que el equilibrio entre la protección de los hogares vulnerables y los derechos de los arrendadores es fundamental para el buen funcionamiento del mercado. Sin ese equilibrio, advierte, se corre el riesgo de agravar los problemas que precisamente se pretenden resolver. La clave, insiste, no está solo en ampliar la duración de los contratos, sino en garantizar que existan suficientes viviendas en alquiler y que tanto propietarios como inquilinos puedan formalizar los contratos con la seguridad de que sus derechos serán respetados.

La derogación de los decretos-ley deja abierto el debate sobre cómo abordar la problemática de la vivienda en España. Las organizaciones del sector inmobiliario insisten en la necesidad de medidas que fomenten la oferta y aporten certidumbre, mientras que los colectivos de inquilinos reclaman mayores protecciones. En este contexto, las advertencias de SEAG apuntan a que cualquier intervención normativa debe considerar sus efectos sobre la disposición de los propietarios a poner sus viviendas en el mercado, un factor determinante para la evolución de los precios y el acceso a la vivienda en regiones como la Comunidad de Madrid.

Lee la noticia completa: SEAG advierte de que los decretos de vivienda habrían elevado el riesgo de impago

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que en solo 12 horas se han retirado más de 2.000 pisos en alquiler en los portales inmobiliarios de la región. Según sus palabras, esta situación se debe a las políticas de la izquierda que, a su juicio, pretenden «ocupar e intervenir las viviendas de los propietarios».

Durante su intervención, Ayuso ha vinculado esta retirada masiva de anuncios con el clima de inseguridad jurídica que, según ella, generan las medidas impulsadas por el Gobierno central y otros ejecutivos autonómicos y municipales. «Están hundiendo la vivienda en España. Ahora mismo, en solo 12 horas, se han hundido más de 2.000 pisos en alquiler en los portales inmobiliarios, solo en la Comunidad de Madrid, porque ustedes pretenden ocupar e intervenir las viviendas de los propietarios», ha afirmado.

La presidenta madrileña ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de incumplir la Constitución tras no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado. «Ayer nos quedamos en España otra vez sin Presupuestos Generales del Estado, están incumpliendo la Constitución, son ustedes los ocupas de las instituciones y como todo lo ocupan y lo llevan a la Revolución, pretenden hacer lo mismo con los problemas de vivienda», ha señalado.

Impacto en el mercado del alquiler

La retirada de más de 2.000 viviendas del mercado de alquiler en la Comunidad de Madrid en un lapso de 12 horas, según los datos aportados por Ayuso, tendría un efecto inmediato en la oferta disponible. Esta reducción drástica de la oferta podría tensionar aún más los precios y dificultar el acceso a una vivienda para los madrileños que buscan alquilar.

Ayuso ha advertido de que «la inmensa mayoría de los propietarios de este país se van a ir y no van a sacar en la vida sus casas en alquiler porque no quieren que sean ocupadas por ustedes, que no respetan nada, que nos llevan al comunismo». Con estas palabras, la presidenta ha querido trasladar la preocupación del sector inmobiliario y de los pequeños propietarios ante las políticas que, desde su punto de vista, penalizan la propiedad privada.

La mandataria autonómica ha insistido en que su Gobierno «les vamos a plantar cara» frente a lo que considera un ataque a la libertad y a la seguridad jurídica. En este sentido, ha reafirmado su compromiso con la defensa de los propietarios y con la adopción de medidas que garanticen la seguridad en el alquiler, aunque no ha detallado nuevas iniciativas en su intervención.

Contexto político y reacciones

Las declaraciones de Ayuso se producen en un contexto de fuerte confrontación política entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central. La falta de Presupuestos Generales del Estado ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la presidenta para criticar la gestión del Gobierno de coalición. Además, la vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de debate político en España, con propuestas divergentes sobre cómo regular el mercado del alquiler y proteger a los inquilinos y propietarios.

La Comunidad de Madrid ha mantenido una posición crítica con la Ley de Vivienda estatal y ha apostado por políticas que, según el Gobierno regional, fomentan la oferta y la seguridad jurídica. Sin embargo, las cifras aportadas por Ayuso no han sido verificadas de forma independiente y no se especifica qué portales inmobiliarios han registrado esta caída ni si responde a una tendencia sostenida o a un hecho puntual.

Por el momento, no se han producido reacciones oficiales por parte de los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid. Este medio ha intentado contactar con fuentes del sector inmobiliario para contrastar la magnitud de la retirada de anuncios, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

La intervención de Ayuso se enmarca en el debate sobre el estado de la vivienda en la región, donde los precios del alquiler han experimentado subidas significativas en los últimos años. La presidenta ha aprovechado su turno para arremeter contra las políticas de izquierdas y defender su modelo, basado en la colaboración público-privada y en incentivos fiscales para los propietarios que saquen sus viviendas al mercado.

Imágenes: Comunidad de Madrid

Lee la noticia completa: Ayuso denuncia la retirada de más de 2.000 pisos en alquiler en 12 horas por políticas de izquierda

FADEI señala que la renovación automática de los contratos, las indemnizaciones y las nuevas limitaciones pueden transformar el alquiler en una decisión difícilmente reversible para el propietario. Esta percepción no solo reducirá la oferta, sino que cambiará el comportamiento del mercado: habrá más viviendas vacías, más ventas, más contratos sometidos a requisitos estrictos y una mayor concentración de la demanda sobre los candidatos con perfiles económicos más seguros. El problema, por tanto, no será únicamente cuántos pisos desaparezcan del alquiler, sino quién podrá acceder a los que permanezcan.

“Estamos construyendo un sistema que protege al inquilino de hoy a costa del inquilino de mañana. Si cada contrato se convierte para el propietario en una relación casi indefinida, el acceso dependerá cada vez más de superar un examen financiero. La política de vivienda no puede limitarse a decidir quién permanece dentro; debe abrir la puerta a quienes siguen fuera”, afirma Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI. “Necesitamos dejar de legislar desde la confrontación entre propietarios e inquilinos y empezar a diseñar mecanismos que repartan los riesgos de forma equilibrada”, añade.

Propuestas de FADEI para equilibrar el mercado

Como alternativa, FADEI propone crear un aval público para el alquiler, asociado al inquilino y válido durante toda la duración del contrato, que cubra posibles impagos sin obligar a aportar garantías adicionales. También plantea contratos de alquiler asequible con incentivos fiscales automáticos para los propietarios, una cobertura pública específica para jóvenes y hogares vulnerables, y un procedimiento administrativo y judicial rápido que permita recuperar la vivienda cuando exista incumplimiento o finalice legítimamente el contrato. Estas medidas deberían acompañarse de la movilización de suelo público, licencias urbanísticas con plazos máximos y colaboración público-privada para construir vivienda destinada al alquiler.

FADEI reclama finalmente un Pacto de Estado por la Vivienda que sustituya la sucesión de decretos por una estrategia estable, medible y sostenida en el tiempo. La patronal propone fijar objetivos anuales de incorporación de viviendas, evaluar públicamente el impacto de cada regulación sobre la oferta y retirar aquellas medidas que generen efectos adversos. “Una política eficaz no es la que anuncia más protección, sino la que consigue que más ciudadanos puedan firmar un contrato. España necesita medir el éxito por las puertas que abre, no solo por los contratos que prorroga”, concluye FADEI.

Impacto en el mercado de alquiler

La advertencia de FADEI se produce en un contexto de creciente tensión en el mercado de alquiler en España, donde la oferta ha disminuido en los últimos años mientras la demanda se mantiene alta, especialmente en grandes ciudades y áreas metropolitanas como la Comunidad de Madrid. Según la patronal, las nuevas medidas legislativas, aunque buscan proteger a los inquilinos actuales, podrían agravar la escasez de vivienda disponible si los propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado o venderlos ante la incertidumbre sobre la recuperación de sus propiedades.

FADEI insiste en que el problema no es solo cuantitativo, sino también cualitativo: incluso si se mantiene un número significativo de viviendas en alquiler, el acceso se volverá más restrictivo para los colectivos con menor capacidad económica o ingresos variables. Esto podría excluir a jóvenes que buscan emanciparse, a familias que necesitan cambiar de residencia por motivos laborales o personales, y a trabajadores autónomos cuyos ingresos no se ajustan a los estándares de solvencia exigidos por los propietarios.

La federación subraya que cualquier política de vivienda debe equilibrar la protección de los inquilinos con la seguridad jurídica de los propietarios, y aboga por medidas que incentiven la oferta en lugar de desincentivarla. En este sentido, las propuestas de avales públicos, incentivos fiscales y procedimientos rápidos de recuperación buscan reducir el riesgo percibido por los propietarios y, con ello, facilitar el acceso a más ciudadanos.

FADEI, constituida el 31 de mayo de 2017, es una federación sin ánimo de lucro de ámbito nacional integrada por 13 entidades que representan a más de 8.000 agencias inmobiliarias, las cuales intervienen en el 70% de las operaciones inmobiliarias del país. Su objetivo es crear una patronal fuerte y representativa del sector de la mediación inmobiliaria, sensible a todo tipo de empresas, grandes, medianas y pequeñas.

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La provincia de Madrid se ha consolidado como el principal motor del mercado de habitaciones en alquiler de España. Según el estudio anual de pisos.com, elaborado a partir de los datos de pisocompartido.com, la provincia madrileña concentra el 26,35% de toda la oferta nacional de habitaciones, frente al 19,26% que representaba en 2025. Este avance sitúa a Madrid muy por delante de Barcelona (16%) y Valencia (10,90%), que junto a la capital suman el 53,25% del total, cuando un año antes apenas alcanzaban el 45,37%.

El crecimiento es aún más acusado si se analiza exclusivamente la ciudad de Madrid. La capital concentra el 22,59% de los anuncios de habitación en alquiler de España, frente al 15,36% del año anterior. Junto a Barcelona (14,28%), Valencia (8,58%), Granada (3,64%) y Sevilla (2,89%), las cinco primeras capitales acaparan el 51,99% de la oferta, un porcentaje que hace un año se quedaba en el 38,97%. En solo un ejercicio, el mercado de habitaciones se ha vuelto sensiblemente más madrileño.

El número de habitaciones anunciadas también ha experimentado un fuerte incremento. Entre 2025 y 2026, la oferta ha crecido un 31,63% en la provincia de Madrid y un 41,88% en la capital, lo que refleja un aumento significativo del alojamiento compartido tanto en la ciudad como en su entorno metropolitano.

Un parque que se trocea en más contratos

El portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, advierte de que este aumento de la oferta no debe interpretarse como una mejora de la disponibilidad de vivienda. “Madrid no ha creado vivienda nueva para compartir, sino que ha troceado la que ya tenía”, afirma Font. El experto insiste en que “que haya más anuncios no significa que haya más metros cuadrados disponibles para vivir. Significa que el mismo parque se está repartiendo entre más contratos y más inquilinos, que es exactamente lo contrario de lo que necesita la ciudad”.

Esta dinámica se enmarca en un contexto de endurecimiento normativo del alquiler turístico en la capital. El Plan RESIDE, en vigor desde agosto de 2025, impide las licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico y, fuera de él, solo las autoriza cuando el inmueble cuenta con acceso independiente desde la calle y se sitúa en planta baja o primera. A ello se suman la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que exige el respaldo de tres quintas partes de la comunidad para nuevas actividades de alquiler turístico, y el Registro Único de Alquileres de Corta Duración.

Font considera que la coincidencia temporal invita a una hipótesis razonable, aunque pide prudencia. “Sería precipitado atribuir todo el crecimiento a la normativa, porque aquí también empujan la matrícula universitaria, la llegada de trabajadores desplazados y una demanda que no ha dejado de crecer. Dicho esto, cuando se cierra una puerta de rentabilidad, el capital busca la siguiente en lugar de retirarse”. Añade que “el propietario que tenía dos o tres pisos operando por noches no los ha vendido ni los ha devuelto al alquiler tradicional de larga duración. Muchos han descubierto que alquilar por habitaciones mantiene una parte del margen, reparte el riesgo de impago entre varios inquilinos y se mueve en un terreno mucho menos regulado”.

El salón convertido en dormitorio

El segundo fenómeno que explica el aumento de anuncios es la conversión de espacios comunes en dormitorios. La práctica de habilitar el salón como una habitación más permite sumar una renta adicional sin obra relevante y está detrás de buena parte del crecimiento del inventario en las grandes capitales.

Los datos nacionales del informe apuntan en esa dirección. A escala estatal, las habitaciones amuebladas han pasado del 83,32% al 73,10% de la oferta, las exteriores del 35,72% al 30,45%, las suites del 7,43% al 4,35% y las viviendas con calefacción del 53,73% al 41,63%. Entra producto nuevo en el mercado, pero lo hace con peores condiciones.

“Cuando el volumen de oferta sube y, a la vez, caen el mobiliario, la calefacción y las habitaciones exteriores, lo que evidencia es que el metro cuadrado que se alquila hoy es peor que el de hace un año”, valora Font. “El salón reconvertido es la fórmula más rentable y la menos deseable. Se pierde el único espacio común de la casa, se tensiona la convivencia y se normaliza que un piso de tres dormitorios aloje a cinco personas. Es una respuesta del mercado a una escasez real, pero no es una solución a esa escasez”.

Tercera capital más cara para compartir piso

En términos de precio, Madrid se sitúa como la tercera capital más cara de España para compartir piso, con 636,10 euros al mes, solo por detrás de Palma (686,33 euros) y Barcelona (647 euros), y por delante de Girona (490,31 euros) y Valencia (458,88 euros). La cifra madrileña supera en casi un 28% la renta media nacional, que este año se ha situado en 498,20 euros mensuales tras subir un 4,67% y acumular un alza del 77,83% en la última década.

La presión también se explica por el lado de la demanda. La provincia de Madrid lidera el ranking de inquilinos que buscan habitación con el 22,62%, por delante de Barcelona (22,22%), Sevilla (6,95%), Valencia (5,24%) y Málaga (4,56%). En el detalle por ciudades, la capital reúne el 18,84% de los demandantes, seguida de Barcelona (17,63%) y Sevilla (6,40%).

El contraste entre ambos indicadores es uno de los matices más llamativos del informe. La ciudad de Madrid pesa más en la oferta (22,59%) que en la demanda (18,84%), mientras que en Barcelona ocurre justo lo contrario (14,28% frente a 17,63%). “Ese desajuste no debe leerse como un alivio para el inquilino madrileño”, advierte Font. “Hablamos de porcentajes sobre universos distintos y, sobre todo, de volúmenes enormes en los dos lados de la balanza. Lo que sí sugiere es que la capital está absorbiendo producto a una velocidad superior a la del resto del país, y que ese producto se está colocando igualmente”.

Un mercado menos doméstico y más inversor

El informe deja un último apunte de contexto que ayuda a interpretar el perfil de quien publica los anuncios. A nivel nacional, el 74,06% de la oferta ya no especifica preferencia de género, frente al 65,83% del año pasado; los pisos reservados solo a chicas bajan del 8,54% al 4,35%; los que aceptan parejas caen del 8,89% al 4,87%; y las viviendas que se anuncian expresamente para no fumadores descienden del 20,79% al 11,96%.

“Cuando desaparecen las condiciones personales de los anuncios, casi siempre es porque quien alquila ya no vive allí”, concluye Font. “El piso compartido nació como un acuerdo entre iguales que elegían con quién convivir. Lo que estamos viendo, sobre todo en Madrid, es su conversión en un producto de inversión gestionado a distancia, con rotación alta y criterios de rentabilidad por cama. Ese cambio de naturaleza es, probablemente, el dato más relevante de este informe, aunque no venga expresado en euros”.

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