Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han presentado este viernes ante los juzgados de plaza de Castilla una denuncia contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha sido la encargada de anunciar la interposición de esta denuncia, que se dirige contra quien fuera máximo responsable de la Delegación del Gobierno en Madrid durante los días en que se desarrolló la acampada ilegal en la Puerta del Sol.
Según ha explicado Sanz, la inacción continuada del entonces delegado permitió que la concentración ilegal se prolongara entre el 26 de septiembre y hasta su dimisión, momento en el que su sucesora en el cargo le puso fin. La denuncia, de 30 páginas, sostiene que Francisco Martín tenía conocimiento de que la concentración no era ajustada a Derecho y, sin embargo, no actuó para disolverla, a pesar de contar con la competencia exclusiva para velar por la seguridad ciudadana y proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Una concentración tolerada pese a los informes policiales
El escrito municipal relata cronológicamente los acontecimientos ocurridos durante esos días y subraya que la concentración “fue tolerada por quien ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, que tenía la competencia exclusiva de velar por la seguridad ciudadana y de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía en general y no solo de los ‘acampados’, aun sabiendo que dicha concentración en un espacio público no se ajustaba al ordenamiento jurídico”.
Para reforzar esta tesis, la denuncia acude a jurisprudencia y desgrana los hechos objetivos y documentados ocurridos esos días, de los que el denunciado tuvo amplio conocimiento. En concreto, se recuerda que el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión facultaba al entonces delegado a levantar la concentración ilegal por la concurrencia de personas con objetos contundentes y peligrosos, susceptibles de ser usados como armas.
En este sentido, el documento incorpora lo recogido en los requerimientos y cartas que, hasta en cuatro ocasiones, se le enviaron desde el Ayuntamiento de Madrid, recopilando informes de Policía Municipal. En esos escritos ya se afirmaba la presencia de esos objetos prohibidos, además de otros graves altercados para el orden público; los peligros en caso de una hipotética amenaza o situación de emergencia por la que hubiera que evacuar la plaza; los daños materiales que se estaban causando en bienes de especial protección, y los incidentes y agresiones que allí se producían.
La denuncia sostiene que “no se trataba de meras sospechas o hipótesis” que pudieran haber justificado la actuación de Francisco Martín, “sino que existían datos objetivos, fundados y suficientes” para ejercerla y poner fin a la acampada ilegal, no haciéndolo por su propia arbitrariedad. “Este comportamiento constituye, pues, una manifiesta injusticia, ya que carece de fundamento jurídico y obedece, exclusivamente, a la voluntad caprichosa de quien está llamado a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, agrega el texto.
El cambio de criterio tras la dimisión
Otro de los aspectos que recoge el documento y que, a juicio del Ayuntamiento, sirve para desvelar que la falta de actuación voluntaria del denunciado puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación administrativa es el cambio de criterio de la propia Delegación del Gobierno tras la dimisión de Martín.
Así, tal y como figura en la denuncia: “entre el 26 de octubre, día en que el denunciado negó la existencia de circunstancias que justificaran la disolución, y la madrugada del 3 de noviembre, momento en el que se produce el desalojo, no se produjo ningún nuevo hecho objetivo, grave y distinto de los que se habían estado comunicando a la Delegación del Gobierno desde el primer momento que justificara el cambio de criterio, salvo la dimisión en el cargo del propio denunciado”.
La denuncia se ha presentado ante los juzgados de plaza de Castilla y ahora corresponderá al juez instructor decidir si admite a trámite la denuncia y si cita a declarar en calidad de investigado al exdelegado del Gobierno. El Ayuntamiento de Madrid confía en que la justicia determine si la actuación de Francisco Martín durante aquellos días pudo ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa omisiva.
Imágenes: Ayuntamiento de Madrid
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