La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a alertar sobre la situación de los Centros Base de Valoración y Orientación a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Según el sindicato, la falta de personal está provocando que la espera para obtener una valoración se alargue casi un año, muy por encima del plazo legal establecido.
Los datos aportados por CSIF correspondientes al verano de este año reflejan que la demora media para resolver un expediente de discapacidad alcanzaba los 330 días, mientras que la espera media para obtener una cita se situaba en 310 días. Estas cifras contrastan con el plazo máximo legal de seis meses fijado en el Real Decreto 888/2022.
Además, el sindicato cifra en más de 20.000 las personas que esperaban una valoración de la discapacidad en la Comunidad de Madrid durante el verano, de las cuales más de 13.000 ni siquiera habían sido citadas. Esta situación afecta directamente a los ciudadanos que necesitan el reconocimiento de su discapacidad para acceder a prestaciones, servicios o adaptaciones.
Déficit de personal en los Centros Base
CSIF señala que la causa principal de estas demoras es la insuficiencia estructural de recursos humanos, materiales y organizativos. El sindicato quiere dejar claro que los trabajadores y trabajadoras de los Centros Base no son responsables de los retrasos ni de las listas de espera.
En julio de este año, representantes de CSIF se reunieron con la Secretaría General Técnica, la Dirección General y la Subdirección General de Valoración de la Discapacidad. En ese encuentro, el sindicato aportó datos preocupantes: de los 418 puestos adscritos a los centros base, 257 se encontraban vacantes o cubiertos temporalmente por interinos, lo que representa el 60 % del total. En el área administrativa, el déficit llegaba al 40 % de la plantilla.
Desde entonces, CSIF ha venido denunciando el incremento continuado de solicitudes, las listas de espera muy superiores al plazo legal, la falta de cobertura efectiva de vacantes, los equipos de valoración incompletos, la sobrecarga del personal, la elevada temporalidad y la pérdida de atractivo de estos puestos.
La situación se agrava en noviembre
Lejos de mejorar, la situación se ha agravado este noviembre. El Centro Base n.º 5 es un ejemplo de la situación: solo cuenta con una persona en administración para atender todas las necesidades de la unidad, lo que obliga a otros centros a ceder personal y genera un perjuicio generalizado.
Además, los Centros Base están asumiendo expedientes procedentes del convenio con el Colegio Oficial de Médicos, que se incorporan a la ratio diaria de los trabajadores sociales y del personal administrativo, ralentizando aún más la tramitación de las solicitudes propias. CSIF rechaza que los Centros Base tengan que asumir las deficiencias de un sistema externo.
El sindicato también rechaza que TRAGSA haya pasado de digitalizar únicamente expedientes a realizar funciones propias del personal administrativo, como la grabación de CMI (Calificación de Minusvalía/Discapacidad Inicial) y de CMR (Calificación de Minusvalía/Discapacidad Revisión). Según CSIF, esta externalización está sustituyendo empleo público y sobrecargando a la plantilla que debe formar y supervisar al personal externo, además de dificultar el control de calidad de los expedientes.
Exigencias de CSIF a la Comunidad de Madrid
Para paliar esta incapacidad de la administración autonómica a la hora de citar y reconocer la discapacidad de los ciudadanos que lo solicitan, CSIF exige la cobertura inmediata de vacantes, la creación de nuevas plazas, bolsas específicas, sustituciones ágiles, una solución retributiva global, la convocatoria de concursos y traslados, y que se apueste por fortalecer los servicios públicos en lugar de externalizar funciones esenciales.
La organización sindical reclama a la Comunidad de Madrid una atención de calidad y cercana para las personas con discapacidad y sus familias, y se reserva el derecho a adoptar las medidas de presión que estime necesarias para defender el servicio público y los derechos de la ciudadanía.
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