La Comunidad de Madrid dará más capacidad a los docentes y equipos directivos de los centros educativos para poder actuar de manera inmediata ante insultos, faltas de respeto o problemas de convivencia en las aulas, eliminando los trámites burocráticos que actualmente retrasan y dificultan la adopción de medidas disciplinarias cuando se producen comportamientos incorrectos de los estudiantes.
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha desgranado en un encuentro con medios de comunicación los detalles de esta iniciativa, que se materializará en un nuevo Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor. Esta normativa se tramitará de forma urgente con el objetivo de que pueda entrar en vigor el próximo curso 2027/28, otorgando un margen de tiempo suficiente para que colegios e institutos tengan tiempo de adaptar sus normas internas y los docentes y equipos directivos puedan recibir orientación y formación para su aplicación.
El texto tendrá como objetivo dar un paso más en lo previsto en la Ley 2/2010, de 15 de junio, para reforzar su autoridad, mejorar la convivencia y garantizar el derecho a la educación, actualizando los procedimientos para que este colectivo tenga mayor capacidad real para actuar en el día a día.
Tipificación de faltas y medidas correctoras
Así, el nuevo decreto definirá la tipificación de faltas leves -a las que cada centro podrá sumar las que considere oportunas dentro de su autonomía-, graves y muy graves tanto durante las horas lectivas como en extraescolares, servicios complementarios, transporte, conductas fuera de las instalaciones y redes. Además, establecerá las medidas correctoras que podrán aplicarse cuando se cometan estas faltas.
Actuaciones como insultos o faltas de respeto a los docentes, peleas o alteraciones de la convivencia en las aulas podrán tener una respuesta directa e inmediata por parte de maestros y profesores, que harán valer de manera efectiva la presunción de veracidad cuando los hechos y la autoría estén claros.
Un cambio en la respuesta educativa
La eliminación de trámites burocráticos busca que los docentes no tengan que invertir tiempo y esfuerzo en procedimientos administrativos que, en la práctica, retrasan la adopción de medidas disciplinarias. Con el nuevo marco, se pretende que la respuesta ante comportamientos incorrectos sea ágil y proportionate, de modo que el profesorado pueda centrarse en la enseñanza y en el mantenimiento de un clima adecuado en el aula.
La norma también afecta a los equipos directivos, que tendrán un papel clave en la aplicación de las medidas y en la adaptación de las normas internas de cada centro. Durante el periodo de tramitación, los colegios e institutos dispondrán de tiempo para revisar sus reglamentos y ajustarlos a la nueva tipificación de faltas, así como para formar a los docentes en los nuevos procedimientos.
Contexto normativo y autonomía de los centros
El decreto se apoya en la Ley 2/2010, de 15 de junio, de autoridad del profesorado, y busca actualizar sus procedimientos para que la autoridad docente tenga una capacidad real de actuación en el día a día. La norma mantiene la autonomía de los centros, que podrán añadir faltas leves según sus propias normas de convivencia, pero establece un marco común para faltas graves y muy graves.
La tipificación abarca no solo el horario lectivo, sino también las actividades extraescolares, los servicios complementarios, el transporte escolar y las conductas que se produzcan fuera de las instalaciones o en redes sociales. De este modo, se amplía el ámbito de protección de la convivencia escolar y se facilita que los centros puedan intervenir ante situaciones que afecten al clima educativo.
La presunción de veracidad de los docentes, que ya recoge la legislación vigente, se verá reforzada en la práctica al agilizar los procedimientos cuando los hechos y la autoría estén claros. Esto permitirá que las medidas correctoras se apliquen de forma inmediata, sin que ello menoscabe las garantías del alumnado.
Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid pretende mejorar la convivencia en las aulas y garantizar el derecho a la educación en un entorno seguro y respetuoso. La tramitación urgente del decreto responde a la necesidad de dotar cuanto antes a los centros de herramientas eficaces para afrontar los problemas de convivencia.
Imágenes: Comunidad de Madrid
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