La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la revisión urgente y en profundidad del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), dependiente del Ministerio del Interior. La petición fue abordada este viernes durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, un encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el que también participó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
El consejero García Martín ha recordado que «de las ocho asesinadas en el último año en la región, cuatro figuraban en VioGén con una valoración baja, mientras que solo 132 de los 12.851 casos activos —el 1 %— están clasificados con riesgo alto o extremo». En estas dos categorías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecen una vigilancia permanente, en el segundo supuesto, o frecuente y aleatoria, en el primero.
La reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género sirvió para analizar los fallos detectados en el sistema de valoración del riesgo y para trasladar formalmente al Ejecutivo central la necesidad de introducir cambios estructurales. La Comunidad de Madrid considera que los algoritmos del sistema no funcionan correctamente y que es imprescindible estudiar cada caso de forma individualizada para evitar que mujeres que finalmente fueron asesinadas quedaran clasificadas con un riesgo bajo.
Dávila reclama actualizar los cuestionarios y los algoritmos
Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que «para garantizar el correcto funcionamiento del sistema es necesario analizar en profundidad los cuestionarios utilizados —que aún no se han actualizado— y los algoritmos empleados». Asimismo, ha advertido de la falta de efectivos, ya que en España hay una media de un agente por cada 100 expedientes para atender a las víctimas.
La consejera ha subrayado que la revisión del sistema debe ir acompañada de un incremento del número de policías dedicados a la protección de las víctimas, una medida que la Comunidad de Madrid considera imprescindible para que la clasificación del riesgo se traduzca en una protección efectiva. La falta de medios personales, según ha advertido, dificulta el seguimiento adecuado de los casos y puede contribuir a que situaciones de riesgo no sean detectadas a tiempo.
En la región se identificaron el año pasado 40 posibles casos de fallos en las conocidas como pulseras antimaltrato. Desde entonces, este Observatorio ha remitido cinco peticiones para sustituir estos aparatos, alertar del colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer y revisar los citados protocolos de valoración del riesgo a los ministerios del Interior (2); de Igualdad (2), y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (1) ante las graves deficiencias detectadas. Cuatro de ellas permanecen aún sin respuesta.
Ochenta procedimientos judiciales y un recurso de inconstitucionalidad
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta la fecha en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. Sin embargo, el Gobierno central ha presentado recientemente un recurso de inconstitucionalidad para impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercitar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.
La Comunidad de Madrid sostiene que la revisión del sistema VioGén es una medida urgente y necesaria para proteger a las víctimas de violencia de género. La petición trasladada al Gobierno central incluye la necesidad de estudiar cada caso de forma pormenorizada, actualizar los cuestionarios y los algoritmos del sistema, y reforzar el número de agentes dedicados a la protección de las mujeres que figuran en el sistema con algún nivel de riesgo.
El Observatorio Regional de la Violencia de Género continuará con su labor de seguimiento y trasladará nuevas peticiones a los ministerios competentes si persisten las deficiencias detectadas. La Comunidad de Madrid insiste en que la clasificación del riesgo debe ajustarse a la realidad de cada caso para evitar que mujeres que finalmente son asesinadas queden fuera de los niveles de protección más intensos.
Imágenes: Comunidad de Madrid
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