El cierre de las piscinas cubiertas del Complejo Deportivo Espartales por problemas relacionados con el suministro de productos químicos ha abierto una nueva crisis política en Alcalá de Henares y ha vuelto a poner el foco en la gestión del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, presidido por Víctor Acosta, portavoz de Vox.
La situación se produce después de varias semanas de advertencias sobre las dificultades para garantizar el suministro de los productos necesarios para el tratamiento del agua. El pasado 23 de septiembre se difundió un aviso en el que Ciudad Deportiva advertía de que las piscinas municipales probablemente no podrían prestar servicio durante las semanas siguientes debido a la falta de un contrato que garantizara el suministro de productos químicos.
Finalmente, el cierre se ha producido y ha desencadenado las críticas de los grupos de la oposición. PSOE y Más Madrid han reclamado a la alcaldesa, Judith Piquet, que intervenga y han solicitado el cese de Acosta. El PP, por su parte, ha cuestionado públicamente la gestión del presidente de Ciudad Deportiva, aunque el equipo de Gobierno todavía no ha realizado un pronunciamiento específico sobre el cierre de las piscinas.
El origen de la controversia se encuentra en la tramitación del suministro de productos químicos para las instalaciones. Según la información difundida por Ciudad Deportiva, su Consejo Rector rechazó una propuesta de prórroga del contrato de suministro. El aviso publicado el 23 de septiembre atribuía ese rechazo a los votos en contra de PP, PSOE y Más Madrid.
El PSOE pide a Piquet que intervenga
El PSOE ha reaccionado al cierre reclamando a la alcaldesa que asuma el control de la situación y adopte medidas para garantizar la continuidad de los servicios deportivos municipales.
Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento dispone de mecanismos de contratación para buscar una solución urgente y evitar que instalaciones utilizadas diariamente por vecinos y clubes permanezcan cerradas. También han reclamado a Piquet el cese de Víctor Acosta de sus responsabilidades al frente de Ciudad Deportiva.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Rodríguez Palacios, ha cuestionado que el Ayuntamiento no haya encontrado una solución pese al tiempo transcurrido y ha reclamado explicaciones públicas sobre las medidas que se van a adoptar.
La formación socialista vincula además la situación con las diferencias existentes entre PP y Vox dentro del Gobierno municipal. A su juicio, las discrepancias entre ambas formaciones están teniendo consecuencias sobre servicios que afectan directamente a los vecinos.
El PSOE ya había advertido el 28 de septiembre de que no estaba garantizada la apertura de las piscinas cubiertas ni el inicio de los cursos de natación previstos para el 1 de octubre.
Más Madrid reclama también el cese de Acosta
Más Madrid Alcalá se ha sumado a las peticiones de responsabilidad política. La portavoz municipal, Rosa Romero, ha reclamado una solución inmediata y ha solicitado formalmente el cese de Víctor Acosta como presidente de Ciudad Deportiva.
La formación considera que el cierre de las piscinas no constituye un episodio aislado, sino la consecuencia de problemas de gestión que, según sostiene, se han acumulado durante la legislatura.
Romero ha responsabilizado políticamente tanto a Acosta como a la alcaldesa y ha relacionado la situación con otros problemas anteriores en la gestión de las instalaciones deportivas municipales. Entre ellos ha mencionado los retrasos registrados en la apertura de las piscinas de verano de 2025 y las dificultades en la contratación de determinados servicios. Estas afirmaciones forman parte de la valoración política de Más Madrid sobre la gestión de Ciudad Deportiva.
La formación también ha señalado que la situación afecta directamente a usuarios, clubes y trabajadores de las instalaciones y ha reclamado que el servicio se restablezca cuanto antes.
El PP cuestiona que Acosta reclame responsabilidades a otros
El Partido Popular tampoco ha permanecido al margen de la polémica. El pasado 24 de septiembre, cuando todavía se advertía del posible cierre, el portavoz adjunto del PP de Alcalá, Vicente Pérez, cuestionó la posición adoptada públicamente por Víctor Acosta.
Pérez mostró su sorpresa por el hecho de que Acosta reclamara responsabilidades por una situación que afecta al organismo que él mismo preside. El dirigente popular sostuvo que el presidente de Ciudad Deportiva tiene entre sus responsabilidades impulsar las soluciones necesarias para garantizar el funcionamiento de las instalaciones.
El PP considera que la existencia de un informe favorable o de una propuesta sometida a votación no elimina la responsabilidad de la dirección del organismo de buscar una alternativa cuando una contratación resulta necesaria para mantener un servicio.
Pérez defendió que Acosta debe asumir la responsabilidad de gestionar Ciudad Deportiva y criticó que pretenda presentar como un bloqueo político la falta de apoyos suficientes para sacar adelante determinadas propuestas.
En sus declaraciones, el portavoz popular llegó a ironizar sobre la situación y señaló que, si Acosta considera que existe un riesgo para las piscinas, debería actuar desde la responsabilidad que tiene como presidente del organismo.
El PP ha asegurado además que trabajará para garantizar la continuidad del servicio y defender los intereses de los usuarios, pero rechaza que Vox pretenda trasladar a la alcaldesa las responsabilidades correspondientes a la presidencia de Ciudad Deportiva.
Vox atribuye el problema al rechazo del contrato
La posición de Vox parte de una explicación diferente. El presidente de Ciudad Deportiva, Víctor Acosta, ha defendido que el problema del suministro se produjo después de que el Consejo Rector rechazara la propuesta relacionada con la continuidad del contrato de productos químicos.
El aviso difundido el 23 de septiembre señalaba que la decisión podía provocar que las piscinas dejaran de prestar servicio al no estar garantizado el suministro necesario para mantener las condiciones higiénico-sanitarias.
La información publicada por Ciudad Deportiva situaba así el origen inmediato de la situación en una decisión adoptada por el Consejo Rector, en la que, según ese comunicado, votaron en contra PP, PSOE y Más Madrid.
La controversia política se centra desde entonces en quién debe asumir la responsabilidad por la situación y en si existían alternativas administrativas para evitar que la falta de suministro terminara afectando al servicio.
Una crisis que llega después de semanas de advertencias
El cierre de Espartales no se produce de manera completamente inesperada. Antes de que las instalaciones dejaran de prestar servicio ya se había advertido públicamente de la posibilidad de que las piscinas tuvieran que cerrar.
El 23 de septiembre, el aviso colocado en dependencias municipales señalaba que Ciudad Deportiva “probablemente no podrá dar servicio de piscinas en las próximas semanas” debido a la falta de un contrato que garantizara el suministro de productos químicos.
Cinco días después, el PSOE denunciaba que tampoco estaba garantizada la apertura de las piscinas cubiertas ni el comienzo de los cursos de natación previstos para el 1 de octubre.
La situación ha terminado afectando a los usuarios de las instalaciones y ha trasladado al debate político una cuestión que inicialmente se planteó como un problema de contratación y suministro.
Por ahora, las distintas formaciones mantienen posiciones enfrentadas sobre el origen de la situación y las responsabilidades que deben asumirse. PSOE y Más Madrid reclaman a la alcaldesa que intervenga y cese a Acosta, mientras el PP cuestiona la gestión del propio presidente de Ciudad Deportiva.
Vox, por su parte, sitúa el origen del problema en la decisión adoptada por el Consejo Rector respecto al contrato de suministro.
El Gobierno municipal del PP todavía no ha ofrecido un pronunciamiento específico sobre el cierre posterior de las piscinas. La atención se centra ahora en la búsqueda de una solución que permita recuperar el servicio y en determinar las actuaciones administrativas necesarias para garantizar el suministro de los productos químicos y el funcionamiento de las instalaciones.
La crisis de Espartales vuelve así a colocar a la Ciudad Deportiva Municipal en el centro del debate político de Alcalá, con miles de usuarios afectados por una situación cuya resolución deberá combinar la respuesta administrativa al problema de suministro con las responsabilidades que cada grupo político atribuye al resto.
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