La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, la convocatoria inmediata y extraordinaria de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid. El objetivo es abordar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todo el personal al servicio de la Administración regional.
El sindicato recuerda que el pasado 16 de abril ya se dirigió a la consejera para solicitar el inicio de la negociación sobre esta materia. Además, en la Mesa General celebrada el 8 de mayo, la directora general de Función Pública pidió a CSIF que presentara una propuesta al respecto. Ahora, la organización sindical considera que concurre un hecho sobrevenido de máxima relevancia que justifica la urgencia.
El impulso de la jornada de 35 horas en la Administración de Justicia
CSIF Madrid fundamenta esta nueva petición en la iniciativa del Ministerio de Justicia, que ha sometido a audiencia pública el proyecto normativo para implantar de forma generalizada la jornada de 35 horas de promedio semanal para todo el personal de la Administración de Justicia en el conjunto del territorio español.
Como consecuencia de esta iniciativa, se ha dictado la Resolución de 15 de septiembre de 2026, de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el BOE del 21 de septiembre. Esta resolución regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Ante este nuevo escenario normativo, CSIF considera que resulta más necesario que nunca alcanzar un acuerdo para la implantación de este régimen de jornada al resto de empleados públicos incluidos en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad de Madrid. El sindicato sostiene que la medida es viable y está respaldada por el marco normativo vigente.
Viabilidad y coste de la medida
En relación con el coste, CSIF Madrid señala que corresponde a la propia Administración calcular los costes reales y realizar una propuesta acorde. Desde el sindicato se ofrece a presentar una propuesta sobre el modelo de aplicación y los tramos correspondientes.
La organización sindical también alude a un precedente que, a su juicio, demuestra la viabilidad de la medida. Señala que la reducción de jornada de las educadoras infantiles ha provocado de facto la conversión de su jornada a 35 horas de promedio semanal, sin coste alguno para la Administración.
CSIF Madrid ha solicitado formalmente a Rocío Albert la inclusión en el orden del día de la convocatoria del punto relativo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid. Esta petición se ampara en lo establecido en el artículo 37 del TREBEP (Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).
Impacto en los empleados públicos madrileños
La implantación de la jornada de 35 horas semanales afectaría a todo el personal al servicio de la Administración regional, un colectivo amplio que incluye sectores como sanidad, educación, administración general y servicios sociales, entre otros. La medida supondría una reducción del tiempo de trabajo semanal respecto a la jornada actual, con las consiguientes implicaciones en la organización de los servicios públicos y en las condiciones laborales de los empleados.
El sindicato permanece a la espera de la respuesta de la consejera y reitera su disposición al diálogo y la negociación para alcanzar un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. CSIF Madrid considera que la implantación de la jornada de 35 horas es una reivindicación justa, viable y respaldada por el marco normativo vigente.
La pelota está ahora en el tejado de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que deberá decidir si convoca la Mesa General de Negociación de forma inmediata y extraordinaria, tal y como reclama la organización sindical. De producirse la convocatoria, se abriría un proceso de negociación que podría culminar en un acuerdo aplicable a todos los empleados públicos de la Administración autonómica.
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