La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará este mismo viernes un recurso contencioso-administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno, Francisco Martín, ante la acampada ilegal instalada en la Puerta del Sol. Así lo ha avanzado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha explicado que el Ejecutivo autonómico solicitará además medidas cautelarísimas para lograr la “inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol”.
La decisión se produce después de que haya expirado el plazo de 48 horas que la Comunidad de Madrid había concedido al delegado del Gobierno para adoptar las medidas necesarias para poner fin a la situación. El Gobierno regional considera que la concentración y la acampada permanente instaladas en la Puerta del Sol “están excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión”.
Según fuentes autonómicas, corresponden al delegado del Gobierno obligaciones regladas e imperativas en materia de prevención y vigilancia, “sin margen de apreciación ni discrecionalidad en cuanto a su ejercicio”, para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones. A esta situación se suman, según la Comunidad de Madrid, los actos vandálicos y daños que atentan contra el patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol.
Impacto en la vida diaria y en los comerciantes
En su intervención, Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento directo a los participantes en la acampada para que faciliten el paso de servicios esenciales. “Y si no les importa, a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen, por lo menos, lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias. Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes, que nos han tenido que escribir la Asociación de comerciantes e industriales de Preciados, Sol y adyacentes porque les están arruinando”, ha declarado la presidenta.
La mención a los comerciantes de la zona subraya el impacto económico que la ocupación está teniendo en el entorno de la Puerta del Sol, uno de los principales focos turísticos y comerciales de la capital. La Asociación de comerciantes e industriales de Preciados, Sol y adyacentes ha trasladado su preocupación por las pérdidas que la situación está generando en sus negocios.
Argumentos jurídicos y próximos pasos
El recurso contencioso-administrativo que presentará la Comunidad de Madrid se dirige contra la inacción del delegado del Gobierno, a quien el Ejecutivo autonómico atribuye la competencia para actuar. La solicitud de medidas cautelarísimas busca que un juez ordene la disolución inmediata de la acampada, sin esperar a la resolución del fondo del asunto.
La Comunidad de Madrid sostiene que la ocupación de la Puerta del Sol excede los límites del derecho de reunión y que las autoridades estatales tienen la obligación de intervenir para garantizar la seguridad y el orden público. El Gobierno regional insiste en que la acampada “nunca se debió permitir” y que su prolongación está causando perjuicios a ciudadanos, comerciantes y al patrimonio histórico.
Con esta acción judicial, el Ejecutivo de Díaz Ayuso intensifica su presión sobre la Delegación del Gobierno en Madrid, a la que acusa de no haber actuado a pesar de los requerimientos. La pelota queda ahora en el tejado de los tribunales, que deberán pronunciarse con urgencia sobre la petición de medidas cautelarísimas.
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